Estudiosos del Derecho vienen opinando que no se puede mantener eternamente en custodia de la Marina de Guerra del Perú a un prisionero civil; que a las Fuerzas Armadas constitucionalmente no les corresponde la función de guardar cárceles para civiles; y que, en todo caso, a la fecha ya no corresponde mantener la creación de un penal para civiles dentro de un centro militar como la Base Naval del Callao. Anotan a la vez que se trata de una medida de excepción que fuera dispuesta por la dictadura de turno en el Poder político y en el marco de una declarada situación de emergencia nacional derivada de la guerra interna que por 12 años se desarrollaba en el país. Situación que es evidente, ha cambiado casi completamente, la guerra terminó y hace buen tiempo que el Estado peruano no ve amenazada o en riesgo su seguridad. No reúne las condiciones que permitan el cumplimiento del objeto de la pena y el respeto a los derechos fundamentales que asisten a todos los internos según Constitución vigente. Se va contra el principio de que ningún régimen penitenciario es para cambiar la cosmovisión del mundo. Condición que ha sido observada por resolución expresa de las Naciones Unidas calificándola como un forma de tortura, recomendando al Estado se apliquen las Reglas Mínimas de Tratamiento a detenidos, reconocidos también por el Perú.

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